En Colombia hemos terminado por acostumbrarnos a una paradoja inadmisible: cuanto menos grave parece un delito para las estadísticas institucionales, mayor puede ser la indiferencia que soporta su víctima. Quien denuncia unas lesiones personales, un hurto de menor entidad o un daño en bien ajeno no reclama necesariamente la cárcel; exige que alguien investigue, escuche, decida y, cuando corresponda, garantice la reparación. Sin embargo, entre despachos saturados, investigaciones inmóviles y audiencias aplazadas, la justicia tardía termina pareciéndose demasiado a la impunidad.
No se trata de una percepción aislada. La Corporación Excelencia en la Justicia, en su informe sobre el SPOA publicado en 2025, registró 3.419.076 noticias criminales activas al 4 de febrero de ese año. También documentó que, durante 2024, solo se realizaron el 51,1 % de las audiencias penales gestionadas en el país; en Cartagena, el porcentaje fue del 33,6 %. Aunque una noticia criminal activa no equivale a un juicio pendiente, estas cifras revelan la magnitud del problema. La respuesta no puede seguir consistiendo exclusivamente en reclamar más fiscales y más juzgados.
Vale entonces observar lo que sucede en Inglaterra y Gales. Allí funcionan los llamados jueces legos o lay magistrates: ciudadanos que no necesitan título de abogado, seleccionados y capacitados para integrar tribunales penales, ordinariamente de tres miembros, con asistencia permanente de un asesor jurídico profesional. Juzgan determinadas conductas de menor y mediana gravedad, pueden declarar la culpabilidad y, dentro de límites legales, imponer incluso penas privativas de la libertad. No son árbitros contratados por los litigantes, ni administradores privados del castigo: son particulares investidos de una función pública. Tampoco constituyen una fórmula milagrosa, pues aquellos tribunales conservan una significativa congestión.
En nuestro ordenamiento la propuesta no resulta enteramente extraña. El artículo 116 de la Constitución permite investir transitoriamente a particulares para administrar justicia como jurados en causas criminales. Pero sería jurídicamente ligero sostener que esa disposición autoriza, sin más, a reproducir una magistratura lega con potestad autónoma para dictar condenas y dosificar penas. Una primera implementación podría desarrollar legislativamente los jurados penales para decidir la responsabilidad, reservando a un juez profesional la dirección jurídica y la sentencia correspondiente. Si se pretende trasladar también la potestad sancionadora al ciudadano lego, habría que estudiar una reforma constitucional expresa.
Propongo comenzar con planes piloto en asuntos de baja lesividad y competencia previamente delimitada, preferiblemente querellables, siempre que la naturaleza de los hechos permita un debate probatorio sencillo. Los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y los fenómenos de criminalidad organizada no deberían incorporarse indiscriminadamente. Los ciudadanos serían seleccionados mediante convocatoria pública, filtros de idoneidad, formación obligatoria y un régimen estricto de impedimentos; actuarían acompañados de asesoría jurídica, sin remuneración proveniente de las partes. Juicio oral, contradicción, defensa técnica, presunción de inocencia, prueba más allá de duda razonable, motivación suficiente y recursos efectivos no serían concesiones, sino condiciones de existencia del modelo.
Ahora bien, discutir jueces legos obliga a examinar otra promesa incumplida. La Ley 1826 de 2017, al crear el procedimiento penal especial abreviado, introdujo la figura del acusador privado —que no debe confundirse con un investigador privado—, facultando a la víctima, por conducto de abogado, para asumir excepcionalmente la investigación y la acusación. Los artículos 549 y 556 a 557 de la Ley 906 regulan esa intervención; pero la conversión requiere decisión fiscal y los actos complejos de investigación permanecen bajo ejecución de la Fiscalía. La autonomía proclamada por la ley nació, en la práctica, rodeada de autorizaciones y dependencias.
El resultado estadístico es elocuente: según la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 2018 y 2024 se presentaron apenas 199 solicitudes de conversión de la acción penal; durante 2024 hubo 24, de las cuales solamente siete fueron aprobadas. No afirmo que jamás haya funcionado, porque esos casos existen; sostengo algo más grave: su utilización ha sido marginal frente a la finalidad de descongestión que justificó la reforma. Una institución con semejante alcance no puede seguir exhibiéndose como respuesta suficiente a la crisis de la persecución penal.
Debe comprenderse, además, que los jueces legos por sí solos no descargarían el trabajo de la Fiscalía: juzgar no es investigar. La reforma tendría que actuar sobre ambos extremos del proceso. De un lado, simplificar y hacer más objetiva la conversión al acusador privado, con control judicial de las negativas, asistencia a víctimas sin recursos y garantías de igualdad de armas; de otro, crear un circuito público de juzgamiento ciudadano, inicialmente experimental, sometido a evaluación periódica de tiempos, costos, calidad de decisiones y recursos resueltos. Solo entonces podríamos verificar, en lugar de suponer, su verdadera incidencia sobre la congestión.
El derecho penal debe conservar su naturaleza de ultima ratio; precisamente por ello, sus instituciones no pueden desperdiciarse en trámites que consumen años sin ofrecer una respuesta. La víctima de un delito menor no es una víctima de segunda categoría. Colombia necesita menos reformas anunciadas como salvadoras y más mecanismos constitucionalmente serios, medibles y accesibles. La justicia no se fortalece monopolizando cada tarea en un despacho: se fortalece cuando, sin abdicar de sus garantías, el Estado consigue que la decisión llegue a tiempo.
CRISTIAN JOSÉ TORRES TORRES
Abogado especialista en derecho penal.
Torres & Ardila Abogados.



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